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6. Sectores
en peligro
Los miembros de ciertos grupos pueden
correr más peligro que otros de convertirse en víctimas de
violencia y malos tratos. En otros apartados de este documento
se ha analizado la violencia de género y lo que representa
este fenómeno para el personal de enfermería y partería. En el
presente apartado se estudian los riesgos que corren las niñas
y los niños, especialmente cuando están institucionalizados;
las personas internadas en centros de salud mental; las
personas con discapacidad física; y las personas de edad
avanzada. El peligro especial que corren de ser objeto de
abusos contra los derechos humanos está bien documentado.(382)
6.1 Los niños y las niñas
| La
Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los
derechos humanos de la infancia y exhorta a que se los
respete. (383) En especial, el artículo 19 establece que
los Estados deberán adoptar medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger a niñas y niños contra la violencia, incluido el
maltrato y el trato negligente.
Algunos enfermeros y enfermeras
tendrán deberes profesionales centrados en los menores,
aunque todo el personal de enfermería debe estar preparado
para trabajar con ellos. «Los programas de estudio para
los estudiantes de medicina y de enfermería, los programas
de capacitación de posgrado en ciencias sociales y de la
conducta, y los programas de capacitación para maestros
deben todos incluir el tema del maltrato de menores y la
elaboración de las respuestas al problema dentro de las
organizaciones.» (384) |
Durante los últimos años se han llevado a
cabo en varios países investigaciones sobre el maltrato de
niños en el seno del hogar y en las instituciones. En algunos
casos, los autores de los abusos han sido precisamente
funcionarios y funcionarias cuya responsabilidad primordial
era el cuidado y la protección de los menores –lo cual puede
incluir al personal de enfermería–.(385) También se ha
informado de casos de abusos contra menores refugiados o
desplazados internamente.(386)
Por otro lado, el personal de enfermería
podrá hallarse en situaciones en las que esté al tanto de que
se cometen abusos y esté en condiciones de tomar medidas al
respecto, ya sea mediante la observación en clínicas y centros
de salud o a través de programas de visitas a los
hogares.(387) Igualmente, el personal de enfermería asignado a
centros de enseñanza podrá ser testigo temprano de los efectos
del maltrato de menores en el hogar, el colegio o la
comunidad. Ésta es una importante vía para contribuir a la
protección de los menores y, del mismo modo que la denuncia de
malas prácticas cuando hay colegas u otras personas que
participan en el maltrato o cuando, conocida la situación, las
autoridades se abstienen de actuar para rectificarla, puede
acelerar la puesta en ejecución de medidas encaminadas a
mejorar la protección de menores en situación de riesgo.
Uno de los resultados que suelen tener
las investigaciones judiciales sobre maltrato de menores es la
adopción de decisiones sobre el futuro lugar de residencia del
menor. Ahora bien, cualesquiera sean esas decisiones, la
Convención sobre los Derechos del Niño especifica (en los
apartados 1 y 2 del artículo 12) que, habida cuenta de su edad
y madurez, el niño deberá ser consultado en todos los asuntos
que puedan afectarlo, como su lugar de residencia y el acceso
a sus progenitores.(388) La Convención también subraya, en el
artículo 3, que «[e]n todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño».
Además de desempeñar un papel en la
protección de los niños y niñas contra los malos tratos, el
personal sanitario tiene asignado un rol de vital importancia
a la hora de asegurar la salud y el bienestar del menor. «Si
bien sólo los Estados son Partes en el Pacto [Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y, por
consiguiente, son los que, en definitiva, tienen la obligación
de rendir cuentas por cumplimiento de éste, todos los
integrantes de la sociedad –particulares, incluidos los
profesionales de la salud, las familias, las comunidades
locales, las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el
sector de la empresa privada– tienen responsabilidades en
cuanto a la realización del derecho a la salud. Por
consiguiente, los Estados Partes deben crear un clima que
facilite el cumplimiento de esas responsabilidades.»(389)
6.2 Personas con
discapacidad física o mental
Los riesgos que corren las personas
institucionalizadas con enfermedades mentales, dificultades de
aprendizaje o discapacidades físicas de ser objeto de abusos
físicos y sexuales se sitúan por encima del promedio.(390)
Quienes residen en su propio hogar también corren peligro de
convertirse en víctimas de actos de violencia a manos de sus
cuidadores o familiares.
En el año 2001, Amnistía Internacional
informó de que un grupo de mujeres con discapacidad mental
residentes en un centro estatal de la población de
Bulgariacondiciones en residencias sociales del Estado
Sanadinovo, en Bulgaria, estaban sometidas a condiciones que
constituían trato cruel, inhumano y degradante. Algunas
permanecían encerradas en jaulas porque el personal de la
institución afirmaba que «se habían portado mal». Los expertos
independientes citados por Amnistía Internacional habían
descrito las condiciones imperantes en tales instituciones
como «una muerte lenta».(391) Tras la protesta de la comunidad
internacional, el gobierno clausuró el centro. Los varones
internados en este tipo de instituciones también sufrían
condiciones crueles y degradantes que llevaron, en un caso, a
que se cerrara el centro. No obstante, los internos fueron
transferidos a un establecimiento aún más remoto, donde era
dudoso que el personal estuviera mejor cualificado o
capacitado. (392)
En 2002, la organización no gubernamental
Mental Disability Rights International (MDRI) recibió
información sobre casos de acoso y explotación sexual,
violación y otras formas de violencia en tres centros de
Kosovo.Kosovoabusos contra personas con discapacidad
mental(393) En uno de estos casos, tanto la dirección de la
institución como las autoridades de la ONU fueron informadas
de abusos cometidos en un centro para personas con
discapacidad mental; sin embargo, las personas identificadas
como responsables no habían sido separadas del contacto diario
con quienes habían sido sus víctimas. MDRI también recibió
informes sobre abuso sexual de mujeres por miembros del
personal del Hospital Universitario de Pristina. Un año
después, MDRI reiteró su preocupación por la falta de avances
en la erradicación de los abusos. Esta organización también ha
publicado informes sobre el maltrato de personas en
instituciones de otros países.(394) Un tema común a todos
estos informes es la escasez de personal –incluido personal de
enfermería– suficientemente capacitado y provisto del equipo
adecuado.
6.3 Pacientes de edad
avanzada
6.3.1 El personal de enfermería,
testigo de los efectos de la violencia
En los países de altos ingresos, la
proporción de personas de edad ha venido creciendo a medida
que ha ido aumentando la esperanza de vida a lo largo de los
últimos decenios.(395) Algunos profesionales de la salud
informan de que se ha incrementado la incidencia de abusos
físicos, mentales y económicos y que con cada vez mayor
frecuencia se observan señales de abandono de los pacientes
ancianos por familiares e instituciones.(396) Es probable que
el personal de enfermería que trabaja en la comunidad sea el
primero en detectar las señales de tales abusos y responder a
las necesidades de la víctima.
6.3.2 Violencia institucional
El «abuso de los mayores» se ha
definido como un acto u omisión que produce un daño o la
amenaza de un daño a la salud o el bienestar de una persona
mayor.(397) El Comité Nacional para la Prevención del Maltrato
de los Ancianos, de Estados Unidos, ha distinguido entre el
maltrato en el ámbito familiar, el maltrato en el ámbito
institucional y el autoabandono; el maltrato puede revestir la
forma de abuso o explotación de carácter físico, psicológico o
económico, o de abandono.(398) Gran parte de los abusos son
perpetrados por los familiares que tienen al anciano a su
cuidado, o son casos de autoabuso, pero algunos informes
indican que el abandono también puede tener lugar en el ámbito
de los servicios de salud.(399)
La violencia y otras formas de maltrato a
las personas de edad avanzada residentes en instituciones
pueden tener dimensiones físicas, mentales, sociales y
legales, y pueden ser perpetradas, sufridas o presenciadas por
otros residentes.(400) Los miembros del personal –incluido el
personal de enfermería– también pueden ser autores o testigos
de la violencia contra las personas mayores y además pueden,
en ocasiones, ser víctimas de actos de violencia cometidos por
residentes. En algunos casos, los ancianos pueden correr
peligro de morir a manos de miembros del personal que realizan
lo que consideran un acto de «eutanasia» que, empero, se lleva
a cabo sin el conocimiento o el consentimiento de la persona
afectada.(401)
El personal de enfermería tiene un papel
clave que desempeñar a la hora de erradicar el abandono en el
hogar y en el ámbito de la provisión de servicios sanitarios,
así como de asegurar que se salvaguarda la dignidad y el
bienestar de los pacientes de edad avanzada. Ana Flavia
d’Oliveira y colegas consideran que las medidas destinadas a
reducir el maltrato y la violencia en el ámbito de los
servicios de salud deberían empezar en la fase de formación de
los estudiantes, y que la capacidad de comunicarse eficazmente
es un atributo esencial.(402) El CIE ha manifestado que, en el
desempeño de sus funciones de suministro de servicios,
administración de pruebas diagnósticas y promoción de la
salud, el personal de enfermería puede identificar a personas
mayores víctimas de maltrato o en peligro de convertirse en
víctimas de maltrato. En el marco de estas funciones, el
personal de enfermería puede trabajar en asociación con otros
para documentar el maltrato, reducir al mínimo sus
consecuencias negativas y tratar de reducir su prevalencia.(403)
6.4 Profesionales del sexo
Los hombres y mujeres que trabajan en
la industria del sexo realizan un trabajo que acarrea una
serie de riesgos graves, como la violencia y las infecciones
de transmisión sexual. Otros problemas de considerable
magnitud son el uso de drogas ilícitas, la discriminación, el
endeudamiento, la criminalización y la explotación.(404) Se
trata de una compleja cuestión social en la que el personal
sanitario puede contribuir a la salud y el bienestar
individual de las personas que trabajan en esta industria, así
como, en un plano más amplio, a los debates sobre políticas en
esta materia. (405)
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